Exclusión estructural: 9 lenguas originarias sin intérpretes para acceder a justicia, salud y servicios básicos

Para una persona que habla una lengua originaria, acudir a un juzgado, un establecimiento de salud o una oficina pública puede implicar enfrentar una dificultad previa al propio trámite: conseguir que alguien comprenda lo que dice y, sobre todo, que transmita correctamente lo que quiere decir.

La legislación peruana reconoce ese derecho. La Ley N.° 29735 establece que toda persona puede utilizar su lengua originaria en los ámbitos público y privado y disponer de medios de traducción que permitan ejercer sus derechos. El problema aparece en la distancia entre ese reconocimiento y la posibilidad efectiva de contar con un intérprete.

El Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de…